Director de CONAMA Atacama renuncia tras conocerse su colusión con transnacional minera

El director de la Conama de Copiapó renunció al detectarse que respondió con argumentos de una minera a los regantes de Chamonate, a la que le había dado permiso para extraer 500 litros de agua por segundo en un zona de sequía. El hecho abre interrogantes sobre otras decisiones del organismo público, como los permisos para aprobar Pascua Lama.

Un nuevo remesón político se vivió en el Gobierno Regional de Atacama luego de la renuncia del director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), Osvaldo Ávila, y el abogado de esta entidad, Jaime Gómez Castilla, luego de detectarse su colusión con la Minera Candelaria para enfrentar una demanda judicial de parte de los regantes de Chamonte, Copiapó.

La renuncia de Ávila ocurre luego de 5 años de gestión (2004-2009), los que a juicio de Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, fueron se caracterizaron por “una política sostenida de satisfacer las demandas de las mega empresas en contra la voluntad de las comunidades de la Región que enfrenta la más severa crisis hídrica del país”.

La renuncia de Ávila se produjo luego de conocerse públicamente que escritos jurídicos, solicitados por el Cuarto Juzgado de Letras de Copiapó, tanto de CONAMA como de la Compañía Minera Candelaria, eran prácticamente los mismos.

Juan Miguel Quintana, abogado de los agricultores, acusa que la repuesta a la demanda interpuesta por los regantes de la zona baja del valle de Copiapó contra el organismo ambiental para revertir la Declaración de Impacto Ambiental que avalaba la construcción de un acueducto de la empresa para llevar agua a sus instalaciones, era idéntica a una contestación dada por la propia empresa minera.

Los regantes de Chamonte se oponen a la construcción de un acueducto de Minera Candelaria que quiere extraer 500 litros de agua por segundo en un área que sufre una severa escasez de agua.

La CONAMA de Copiapó autorizó el 2008 dicho Estudio de Impacto Ambiental y la venta de derechos de agua a Minera Candelaria fue efectuada por la sanitaria Aguas Chañar.

La renuncia de Ávila fue aceptada por la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, hecho comunicado por la intendenta regional, Vivienda Ireland.

Quintana, consultado por el Diario de Chañarcillo, expresó que “estamos en constancia que al interior de CONAMA, que es un organismo político y no técnico, que evalúa hechos sociales, existían irregularidades”.

También criticó la gestión de Ireland, por que “hay que recordar que la Intendenta (Viviana Ireland) respaldó al Director de CONAMA y ahora ella misma anunció su salida; lo mismo pasa con los parlamentarios de la zona, que ahora salen a la lucha y denuncian la irregularidad, pero cuando tenían que hacerlo en un principio no estaban”.

Tanto la respuesta del funcionario público como de la minera fueron ingresados al Tribunal el mismo día (30 de mayo de este año) y, al ser revisados y comparados, se constató que el director Regional de CONAMA y la empresa habían entregado un idéntico informe arrogándose cada quien la autoría del documento.

OTRAS APROBACIONES DE ÁVILA

Esta corrupción ya había sido denunciada por los habitantes del valle del Huasco durante los procesos de aprobación ambiental de proyectos emblemáticos como las sucesivas ampliaciones de la Central Termoeléctrica Guacolda, los planteles de cerdos de Agrosuper en Freirina, la ampliación de Pascua Lama y dos proyectos que son parte fundamental de éste, como es el Centro Logístico de Vallenar y la Mina de Caliza Potrerillos que fueron evaluados ambientalmente separados.

Cuenca agrega que “en ninguno de estos casos se tomaron las medidas administrativas necesarias para favorecer el bien público y no los intereses de contados particulares. Tras la renuncia, la pregunta que resuena es, ahora que está comprobado que la principal autoridad ambiental designada por el gobierno en la región de Atacama, operó de manera mediocre, inescrupulosa y corrupta en un caso puntual, no sería imprescindible revisar todos los otros casos que pasaron por la voluntad del señor Ávila y que hoy tienen seriamente comprometida la salud, la vida y la sustentabilidad del último valle fértil del norte de Chile”.

La experiencia de las comunidades con los proyectos aprobados da cuenta de una necesaria revisión de los proyectos aprobados. Vecinos de la central Guacolda, instalada en el puerto de Huayco, acusan que desde que entró en operaciones se han reportado varios casos de cáncer en niños, lo que relacionan a la utilización de petcoke, prohibido en todo el mundo por su alta toxicidad, pero permitido por la autorización dada por Ávila.

También el proyecto agroindustrial de Agrosuper en Freirina permitió reasentamientos forzados y mantiene comprometida las fuentes laborales de los pequeños crianceros y de los productores de aceite de oliva de la zona.

Cuenca añade que “justo ahora que el gobierno ha anunciado la puesta en marcha de Pascua Lama, creemos fundamental que se escuche la solicitud de las organizaciones del Valle del Huasco, tendientes a exigir a COREMA Regional un nuevo Estudio de Impacto Ambiental para Pascua Lama, tras las serias irregularidades denunciadas, entre las que se cuentan la corrupción de las autoridades regionales”.

Todo esto amerita a juicio de Cuenca la realización de una auditoria sobre la gestión de Plácido Ávila, “que dimensione su influencia en las aprobaciones de estos casos emblemáticos y proceda en consonancia a lo que estas investigaciones arrojen, aún si eso supone ir en contra de los intereses de las empresas mineras, agroalimentarias o del mismo Estado”.

La remoción de Ávila del gobierno regional de Copiapó se suma a la reciente renuncia del director de Sernageomín, Marcelo Guzmán, de la Directora del Sernam, Ximena Matas, a la expulsión del secretario ministerial de Transportes, René Navarro, a la solicitud de cambio de la seremi de Economía, Alejandrina Aquea, y a la renuncia del seremi de Gobierno, Armando Flores.

El Ciudadano

Declaración Pública Comunidad Inalafken

Panguipulli, 25 de mayo de 2009

La comunidad Inalafken, que articula al pueblo mapuche residente en el sector de Neltume,
Choshuenco y Lago Neltume, Comuna de Panguipulli, Región de los Ríos, comunica a la
opinión pública local, nacional e internacional, a las comunidades y organizaciones
Mapuche, a los pueblos originarios, a las autoridades de gobierno, a la clase política chilena
y a los grupos económicos que saquean nuestros recursos y vulneran nuestros derechos
colectivos, lo siguiente:

1. En virtud de la amenaza que constituye el Proyecto de Central Hidroeléctrica en
Neltume, reafirmamos nuestra intransable OPOSICION a cualquier iniciativa que se
realice sin la autorización de las comunidades y autoridades ancestrales; y nuestra
férrea defensa de nuestro medio ambiente y modo de vida, de nuestros derechos
colectivos y del legítimo derecho a la vida y el buen vivir para las actuales y futuras
generaciones de la zona en que se pretende construir la represa, en la cual existen al
menos tres comunidades indígenas.

2. La actividad “Construcción de la galería de prospección Neltume”, de propiedad de
la Empresa Nacional de Electricidad S.A., Endesa Chile, se esta llevando a cabo sin
la autorización ni aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, instalando de
manera ilegal maquinarias en la zona, e iniciando trabajos de prospección.

3. El proyecto Neltume, pretende aprovechar la altura de caída existente entre los
lagos Pirehueico y Neltume tomando las aguas en el río Fuy y descargándolas en el
lago Neltume con una fuerza de caída y descarga que alterará de manera concreta la
biodiversidad del lago, junto con inundar lugares de enorme relevancia simbólica y
cultural de las comunidades mapuches de la zona.

4. La realización de estos megaproyectos resultaría en un lamentable impacto negativo
que se generará en las personas, comunidades y/o asociaciones de origen mapuche.
Impactos referidos a la disminución de la calidad de vida, reasentamiento de las
comunidades, alteración de sitios de importancia y significación cultural. Todos
problemas de un alto impacto ambiental, económico, social y cultural junto con la
falta de medidas compensatorias considerando la envergadura del proyecto.

5. La Comunidad Inalafken deja en claro su férrea e intransable OPOSICION a la
realización de cualquier megaproyecto en la zona, por lo cual no aceptaran ningún
tipo de soborno ni compensación de ninguna clase, como ya lo ha tratado de hacer
la empresa ENDESA, dividiendo a las propias comunidades, y ofreciendo canastas
familiares, celulares y promesas que nunca serán cumplidas.

6. Dejamos en claro nuestra inconformidad y molestia debido a los puntos de sondaje
ilegal que ha realizado la empresa Endesa en la localidad de Lago Neltume, el
derrumbe de un poste de electricidad debido al movimiento que provoca los mismos
trabajos de prospección y sondaje, el cual tuvo sin luz a la comunidad desde el
martes 19 hasta el domingo 24 de mayo, y la aparición de socavones y
hundimientos en los caminos, que amenazan la seguridad de las personas que por
ellos transitan.

7. Alertamos a las comunidades Mapuche y pueblos indígenas actualmente sometidos
a la soberanía del Estado chileno y al sistema de saqueo económico neoliberal, que
de acuerdo a las distintas iniciativas que actualmente impulsa el gobierno de la
concertación, en complicidad con los grupos de poder económico; se están
frustrando, bloqueando, limitando y reduciendo los derechos reconocidos por el
propio Estado en lo que se refiere al Convenio 169 de la OIT.

8. Exigimos al gobierno de la presidenta Michel Bachelet, a los senadores, diputados,
al comisionado presidencial para asuntos indígenas, a las instituciones indigenistas,
y al aparato administrativo y burocrático en Chile, paralizar cualquier iniciativa que
desde ya viola los derechos reconocidos por el Convenio 169 de la OIT. Entre ellas,
Estudios de Impacto Ambiental de megaproyectos que afectan nuestros derechos
colectivos y bienestar, así como todos aquellos megaproyectos y actividades
económicas que vulneran nuestros legítimos derechos sociales, culturales, políticos,
humanos y nuestro elemental derecho a la vida y el buen vivir.

9. El Estado chileno esta violando el articulo 2 del Convenio 169 de la OIT, el cual
estipula de manera clara que “Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de
desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y
sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el
respeto de su integridad. Promoviendo la plena efectividad de los derechos sociales,
económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural,
sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones.

10. El Estado chileno esta violando el articulo 7 y sus respectivos puntos del Convenio
169 de la OIT, dentro de los cuales se estipula que “Los pueblos interesados
deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al
proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias,
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna
manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico,
social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación,
aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional
susceptibles de afectarles directamente. Los gobiernos deberán velar porque,
siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos
interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el
medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos
pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios
fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. Los gobiernos
deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y
preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.

11. Como pueblo mapuche, ratificamos nuestro apoyo al Convención sobre la
Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la
UNESCO (2005), la cual reconoce la importancia de los conocimientos
tradicionales como fuente de riqueza inmaterial y material, en particular los
sistemas de conocimiento de los pueblos autóctonos y su contribución positiva al
desarrollo sostenible, así como la necesidad de garantizar su protección y
promoción de manera adecuada. De esta forma exigimos que la protección, la
promoción y el mantenimiento de la diversidad cultural se establezcan como una
condición esencial para un desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones
actuales y futuras.

12. Declaramos nuestra inconformidad al hecho de que la mayoría de los proyectos de
desarrollo hidroeléctrico a gran escala, tanto en lo innumerables ejemplos
internacionales como locales, se conciben en tierras indígenas por considerarse
terrenos sub-poblados, sub-utilizados o incluso “zonas de baldío”. En forma similar,
las fuentes de agua de las comunidades indígenas, que sustentan sus múltiples usos
y estrategias de supervivencia, les son arrebatadas con frecuencia para el suministro
de agua potable y energético a poblaciones urbanas y metrópolis, a la vez que
ninguno de eso beneficio llegan a las propias comunidades afectadas.

13. Ratificamos nuestro apoyo y adherencia a la Declaración de Kyoto de los Pueblos
Indígenas sobre el Agua, realizada en el Tercer Foro Mundial del Agua en Japón el
año 2003, en la cual los pueblos indígenas del mundo reafirman su relación con la
Madre Tierra y su responsabilidad, ante las generaciones futuras, de levantar sus
voces en solidaridad y proclamar la necesidad de proteger el agua. Reconocemos,
honramos y respetamos el agua como un elemento sagrado que sostiene toda la
vida. Declaramos que los conocimientos, leyes y formas de vida tradicionales nos
enseñan a ser responsables, cuidando este recurso sagrado.

14. En base a lo anterior declaramos que nosotros, como pueblo mapuche tenemos el
derecho a la libre determinación. En virtud de lo mismo, tenemos el derecho al libre
ejercicio de la plena autoridad y control sobre nuestros recursos naturales, lo que
incluye el agua. También nos referimos a nuestro derecho a la soberanía permanente
en relación con todos estos recursos naturales. La libre determinación para los
Pueblos Indígenas significa el derecho de controlar nuestras instituciones,
territorios, recursos, estructuras sociales y culturas, sin ninguna dominación o
interferencia externa.

15. El Parlamento de Koz Koz manifiesta su total apoyo a las comunidades amenazadas
de Lago Neltume, y a todas las comunidades amenazadas por la posible
construcción de las centrales hidroeléctricas.