Históricamente el bosque nativo chileno ha sido sobreexplotado y degradado mediante la extracción desmedida de madera, incendios forestales, eliminación total para habilitación agrícola y avance desproporcionado de superficies cubiertas principalmente por eucaliptos y pinos radiata, sobre todo desde la imposición de un nuevo modelo forestal iniciado en 1974 a través del Decreto Ley 701. Hasta ahora no existía una política de desarrollo forestal sustentable que permitiera manejar responsablemente este recurso y detener la eliminación, sustitución y degradación de enormes superficies de especies nativas. Hoy contamos con ella, pero aún hay mucho que hilar antes de cantar victoria.
Fueron 16 largos años de discusión del instrumento legal destinado a regular y asegurar el manejo sustentable del bosque nativo. Y por fin Chile cuenta con la Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal cuyos propósitos son, entre otros, proteger los recursos naturales mediante entrega de incentivos a quienes trabajan de forma sostenible los productos y servicios derivados del bosque nativo.
Sin embargo, la celebración no ha sido del todo feliz. Esta ley contempla los montos de las bonificaciones en una Tabla de Valores, lo que ha generado amplio descontento y la decepción en pequeños propietarios.
Además, en diciembre las forestales CMPC del grupo Matte y Celco-Arauco de Angelini propusieron a la Presidenta aumentar la forestación con monocultivos (cultivo de una única especie) en Chile y llegar a sumar 50 por ciento más de masa forestal, lo que implicará mayores inversiones por unos US$ 6.000 millones y entre 70 mil y 80 mil empleos nuevos.
Esta iniciativa causó malestar en algunos actores del sector y reactivó el debate formulado por profesionales y representantes de organizaciones no gubernamentales acerca de la necesidad de limitar el crecimiento en superficie de monocultivos y el avance de la sustitución del bosque nativo.
IMPACTOS DE UN MODELO INADECUADO
La Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) trabaja desde principios de 2008 en una propuesta que permita el desarrollo sustentable de bosques nativos y masas forestales, promoviendo la generación de empleos en el corto y mediano plazo. A fines del año pasado recalcaron públicamente que el modelo forestal “dominado por transnacionales que en tres décadas establecieron enormes extensiones de monocultivos de especies exóticas, acumulando la riqueza en pocas manos y desplazando poblaciones rurales” no es sustentable.
Detallan que el esquema de silvicultura utilizado por estas empresas consiste en establecer monocultivos de alta densidad que, cosechados a tala rasa, genera enormes ganancias, pero también grandes impactos en el paisaje, suelos y aguas y genera conflictos con las comunidades rurales porque las grandes empresas no absorben sus impactos sociales y ambientales.
Por ello, la AIFBN trabaja en la definición de una política de desarrollo forestal. Entre sus prinicpios plantea limitar el crecimiento en superficie de las mega empresas, en especial eliminando las compras de tierras a pequeños y medianos propietarios y a comunidades indígenas.
Esta propuesta sostiene que es necesario fomentar el manejo y la recuperación del bosque nativo, aumentar progresivamente el fondo para la Ley de Bosque Nativo y generar subsidios acordes con la realidad, favoreciendo efectivamente a pequeños y medianos propietarios. Propone “eliminar o limitar fuertemente el desarrollo de plantaciones de especies exóticas de rápido crecimiento en micro cuencas donde exista abastecimiento de agua para consumo humano”, estableciendo un programa especial para la protección de cursos de agua con vegetación nativa.
EL 701
A partir de la promulgación del Decreto Ley 701 se produce un fuerte incremento en la tasa anual de plantaciones en Chile con cifras superiores a 100.000 hectáreas por año debido a que bonifica hasta el 90% de los costos netos de forestación, otorga franquicias tributarias y garantiza la inexpropiabilidad. La plantación en gran escala se potencia, además, por los bajos precios de la tierra, lo que permitió a empresas forestales comprar grandes extensiones a particulares y al Estado que iniciaba su política privatizadora.
Sus consecuencias negativas se comienzan a manifestar en la década de 1990-2000. Destacan la pérdida de bosques nativos sustituidos por plantaciones y la consecuente reducción de biodiversidad, alteración del ciclo del agua necesaria para la vida, deterioro del paisaje en zonas turísticas, migración campesina hacia pueblos y ciudades (generando pobreza), disminución de fuentes de empleo en zonas de tradición agropecuaria y detrimento de culturas indígenas y de tradiciones dependientes de los ecosistemas originales.
No obstante, la expansión de las plantaciones también ha traído consecuencias positivas a la economía nacional al crearse una superficie superior a los dos millones de hectáreas que alimenta a una industria forestal claramente orientada a las exportaciones. En 2007, éstas alcanzaron a 4.000 millones de dólares, elevando a 13% la participación del sector forestal en el total de exportaciones del país. También ha sido posible apreciar un aumento en la ocupación, sin profundizar en un análisis de la calidad y estacionalidad de los empleos.
Este modelo forestal chileno basado en las plantaciones de pinos y eucaliptos - similar al de Brasil, Uruguay, Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y otros - ha generado concentración de riqueza y patrimonio, sin que se observe una mejoría real de las condiciones de vida de los trabajadores forestales y de las personas que viven en las comunas rurales donde prosperan las plantaciones y la industria asociada a ellas. En estas comunas, los Índices de Desarrollo Humano del PNUD (basados en estudios de ingreso, salud y educación) no sólo son muy bajos, sino que son los más bajos del país.
¿Porqué limitar el crecimiento en superficie de las mega empresas y las compras de tierras a pequeños y medianos propietarios y a comunidades indígenas? El secretario de la AIFBN, Cristián Frene, sostiene que “no es posible que el territorio rural esté concentrado en unas pocas manos, estos terrenos son la base del bienestar de los seres humanos. En consecuencia, este modelo no es sustentable, genera extensas superficies de monocultivos forestales que, al cabo de unos años, son cosechados a tala rasa. Este esquema es insostenible en el tiempo. Hoy las empresas no pueden comprarle tierras a mapuches (por la Ley Indígena) pero sí pueden rodearlos de plantaciones y hacer insostenible su forma de vida”, expone.
Asegura que la necesidad de un nuevo modelo se basa en el convencimiento, respaldado por información técnica y científica, que actualmente el sector forestal genera enormes impactos sociales y ambientales de los que no se hacen cargo los principales beneficiados, propiciando la degradación de los recursos naturales y de la calidad de vida de la población.
“Proponemos un conjunto de medidas enfocadas a fortalecer la institucionalidad forestal, la diversificación con un fuerte énfasis en el uso de especies nativas en forma complementaria a los monocultivos forestales -entendiendo que el proceso de cambio debe ser gradual- y establecer un modelo equitativo con la población rural y con los trabajadores del sector forestal”. El ingeniero forestal es claro: es el Estado quien debe tomar conciencia y adoptar una posición, convocando a actores más diversos y representativos que los de la actual Mesa Forestal y asumir un compromiso de largo plazo con más participación.
El ingeniero forestal y director de la AIFBN, Luis Astorga, coincide: “no obstante el crecimiento, el modelo no ha generado desarrollo. Hay pobreza en todas las comunas forestales”.
INCENTIVOS INSUFICIENTES
La promulgada Ley de Bosque Nativo (Ley 20.283) contempla subsidios a algunas actividades de manejo de este recurso. Los incentivos son definidos por el Ministerio de Agricultura en una Tabla de Valores, cuya versión para el año 2009 fue publicada el 25 de noviembre pasado en el Diario Oficial. Pero tras conocerse los montos máximos de las bonificaciones, cundió el descontento y la decepción entre los pequeños propietarios.
Intensas y maratónicas reuniones informativas se desarrollaron simultáneamente en diciembre de 2008 en Chillán, Temuco, Valdivia y Castro. Tras la socialización y discusión de la Tabla, pequeños propietarios, académicos y profesionales forestales la calificaron como insuficiente.
“Es inaplicable, porque fue mal calculada y cubre un porcentaje muy pequeño de los costos reales de las actividades”, se escuchó por parte de campesinos y dirigentes mapuches. Se hacía urgente organizar más reuniones informativas y elaborar una propuesta en forma participativa, que permitiera asegurar el manejo adecuado de los bosques nativos y que beneficiara a los pequeños propietarios que tienen en sus manos una superficie aproximada de 3,5 millones de hectáreas.
El presidente de la Red de Propietarios de Bosque Nativo de La Araucanía, Luis Corrales insiste en la decepción que hay en el sector. “Sabíamos que no era la mejor ley -dice- pero teníamos la esperanza que fuera mejorando paulatinamente en su reglamento, pero con esta tabla no se puede hacer nada, porque está financiado el 40% de los costos y nosotros no tenemos recursos para cubrir el resto”.
Corrales fue duro en su juicio. “La gente que hizo esta Tabla de Valores es muy mal intencionada o no tiene la más pálida idea de lo que es manejar un bosque nativo. El gobierno presenta al mundo que en Chile hay una ley que se ocupa del manejo de los recursos naturales, pero esa imagen se queda allá afuera, porque acá adentro pasamos las penas del infierno porque no podemos pagarlo”, explica.
Corrales enumera las dificultades que tienen los campesinos para manejar este recurso forestal como el problema de la tenencia de tierras y la falta de asistencia técnica y capacitación. “Al no tener legalizados los títulos de dominio quedamos fuera de los pocos beneficios de las políticas públicas como en el plan de manejo en CONAF. Esto es grave porque pasa con la gran mayoría de los campesinos”, expone.
Mario Manquepillán, dirigente de la Asociación Indígena Kallfulikán, coincidió en la desilusión, señalando que “por tradición, los mapuches hemos conservado el bosque nativo, esta ley la esperábamos y hoy nos vemos frustrados porque no hubo consulta. Esta Tabla de Valores es una imposición”, expresa molesto.
¿LETRA MUERTA?
El vicepresidente de la AIFBN, René Reyes, tras la reunión informativa de Valdivia manifestaba que la Ley se puede transformar en “letra muerta” ya que los montos de la Tabla de Valores no permiten a los pequeños propietarios hacer un buen uso y protección de su bosque.
En su artículo 33, el nuevo cuerpo legal incorpora la constitución del Consejo Consultivo del Bosque Nativo (CC) con el propósito de garantizar la plena participación de la comunidad. El órgano está formado por 15 miembros que representan a organismos públicos y privados vinculados con el mundo forestal y medioambiental.
El director de la AIFBN, Luis Astorga, es integrante del Consejo y valora que pequeños propietarios y representantes de organizaciones no gubernamentales estén presentes, aunque manifiesta sus observaciones al grado de participación.
“El CC es un órgano consultivo y ha operado como tal. La premura en el reglamento de la ley ha obligado a actuar con apuro y por ello con menos espacios de discusión. Muchas decisiones vienen ya tomadas por los organismos públicos como, por ejemplo, la Tabla de Valores y por ello tenemos la impresión que la participación real es escasa”, puntualiza.
Sin embargo, asegura que la constitución de este Consejo ha marcado una diferencia en la discusión. “Antes ni siquiera había consulta. Creo que a medida que la ley se empiece a implementar realmente se podrá observar el rol del CC. Si las organizaciones afines trabajamos bien, podemos hacer buenas propuestas y orientar la aplicación de la ley”, enfatiza.
En este contexto, Luis Corrales, también integrante del CC, llamó a los servicios públicos a que se informen de las necesidades reales de los pequeños propietarios.
“El sistema que administra este gobierno nos tiene en una situación de sobrevivencia. Lo que tenemos hoy es un diálogo de sordos. Los campesinos sabemos que tenemos un tesoro que no es valorado ni por el Gobierno ni por la ciudadanía”, dice.
Todos los actores involucrados en el manejo sustentable del bosque nativo coinciden en la necesidad de armonizarlo con las medidas que el Gobierno ha tomado para reactivar la forestación tras los lobby de las mega empresas y que deben ser incorporadas en paquetes pro-empleo.
Luis Astorga recuerda que existen 5,3 millones de hectáreas de bosque nativo que están en proceso de degradación, y que al mismo tiempo, pueden ser recuperados y manejados en forma responsable con fines productivos y que son creadores de puestos de trabajo.
“El modelo forestal basado sólo en plantaciones no es sustentable. Ha generado problemas y pobreza en el sector campesino, no obstante el gran patrimonio forestal disponible a nivel nacional. Nuestros planteamientos permiten integrar un desarrollo forestal ligado a las plantaciones junto al manejo adecuado del bosque nativo”, asegura Astorga.
por Pedro Andrade
